Corte Constitucional admitió demanda para tumbar Ley que inhabilita a condenados por delitos sexuales contra menores de edad

La Representante a la Cámara por el partido Conservadora Adriana Magali Matiz, quien ha sido reconocida en el Congreso de la República como una de las principales defensoras de los derechos de los niños, se pronunció ante la polémica que se ha desatado por la demanda que admitió la Corte Constitucional de decidir si tumba la ley 1918 de 2018 que exige que las personas que han sido condenadas por cometer delitos sexuales contra menores de edad aparezcan en un registro de inhabilidades.

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La Ley

Hay que recordar que la Ley que fue demandada, argumentó que va en contravía de algunos artículos de la Constitución, catalogándola de ser una “norma regresiva” frente al Estado social y democrático de derecho y que, entre otros, promueve la exclusión hacia esta población condenada.

Denuncia

Frente a lo anterior la representante tolimense manifestó "Es inadmisible que la Corte Constitucional, considere la posibilidad de derogar una ley que aporta en nuestra lucha por la defensa y prevención de los delitos sexuales contra nuestros niños. Ley que establece que quienes han sido condenados por este tipo de delitos, no puedan desempeñar cargos u oficios en los que en su labor requieran alguna relación o contacto con menores de edad, además de crear una base de datos para consultar sobre estas personas".

Y agregó. "No podemos permitirnos como sociedad, poner por encima los derechos de abusadores, y violadores, por encima de los derechos de los niños. Y no consideramos ni siquiera la más mínima posibilidad de que un condenado por estas conductas tan reprochables tenga la oportunidad de seguir relacionándose con niños, niñas y adolescentes, esto teniendo presente que las estadísticas al respecto indican que la tendencia de los autores de estos delitos de abusos contra los menores es la reincidencia”

De otro lado Matiz expresó. “Nosotros durante estos años hemos tenido altas cifras de reincidencia. De 14.736 personas que estaban privadas de la libertad en el año 2019 por este tipo de delitos, 1.244 personas fueron reincidentes por esa misma conducta. Casos como el de Rosmery Castellón, no puede suceder en nuestro país y ese es un ejemplo flagrante para todo el país de la reincidencia de estos delitos. Hecho donde un hombre condenado a 13 años de prisión por haber violado y asesinado a una niña, salió de permiso en la cárcel, y en las 72 horas lo primero que hizo fue violarla, torturarla, y asesinarla”.

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En estos momentos la demanda está en estudio por parte de la Corte Constitucional, que tendrá que evaluar los derechos de los niños, pero también de los condenados.