10 Oct 2017
09:01 AM
Procuraduría General propone indemnizar funcionarios desvinculados de forma injustificada
Según información oficial de la oficina de prensa del ministerio público, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado considerar la posibilidad de establecer unas tablas de indemnización que permitan definir los montos a pagar en aquellos casos en los que se compruebe que hubo retiros injustificados de servidores nombrados en provisionalidad, que dan lugar a un resarcimiento por parte del Estado.
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La idea de fijar dichos valores es poder acudir a una tasación más justa que permita reparar integralmente el daño que se le puede causar a un trabajador al ser despedido de manera ilegal, situación que hizo manifiesta una ciudadana en Santander quien presentó un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
El Ente de control propuso tomar elementos de las posturas que sobre este tema han expuesto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y que sea la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo la que “revalúe su sentido respecto a la forma de tasar el daño, con el fin de que si lo considera conveniente y procedente aplique la metodología propia del derecho privado”.
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La Procuraduría dejó claro que a su juicio no existe una previsión legal expresa acerca de la manera de resarcir el perjuicio causado por cuenta de una desvinculación ilegal, lo que hace factible acudir a otras formas de reparación dispuestas en el ordenamiento jurídico.
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El Ministerio Público solicitó a la Sala Plena del Consejo de Estado anular el numeral tercero de una sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Santander, que ordenó descontar unas sumas recibidas como salarios y prestaciones a la ciudadana que interpuso el recurso y reclamó ser indemnizada por el Estado y, en lugar de ello, repararla por el daño antijurídico causado por su retiro injustificado.
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Finalmente, será el Consejo de Estado el que determine la viabilidad o no de la propuesta formulada y decida si resulta factible elaborar unas tablas de indemnización con las que en el futuro se puedan resolver de mejor manera este tipo de demandas e indemnizar el daño, satisfaciendo los intereses de los afectados en equilibrio con los recursos del Tesoro Público.
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