
JEP absuelve a 11 militares implicados en falsos positivos de dos jóvenes indígenas
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les otorgó el beneficio de renunciar a la persecución penal a once militares que hicieron parte del Batallón La Popa, de Valledupar, tras concluir que sí aportaron verdad plena y contribuyeron a reparar de manera integral a las víctimas, de modo que no fueron hallados como máximos responsables en casos de falsos positivos, cuyas víctimas eran miembros de comunidades indígenas.
La JEP señaló que los uniformados cobijados con esta decisión no fueron hallados como máximos responsables en los crímenes de Nohemí Esther Pacheco Zábata, una niña Wiwa de 13 años, y Hermes Enrique Carrillo Arias, un joven Kankuamo de 23 años.
Según los reportes de las autoridades, ambos fueron presentados como falsas bajas en combate, en hechos ocurridos el 9 febrero de 2005, en la vía que conecta el sector El Mojao con la vereda El Pontón, en el corregimiento de Atánquez, territorio del resguardo Kankuamo, en Valledupar, en el año 2005.
Con esta determinación, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ya ha resuelto de forma definitiva la situación jurídica de 64 miembros de la fuerza pública en el marco de la Ruta No Sancionatoria de la JEP.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, indicó que, al concederles la renuncia a la persecución penal, se procede con la extinción de la responsabilidad y la sanción penal, así como con la eliminación de los antecedentes judiciales, conforme a lo dispuesto en la Constitución y lo estipulado en el Acuerdo Final de Paz de 2016 y las normas transicionales que lo desarrollan.
"Aplicar este beneficio a quienes no ostenten la más alta responsabilidad en relación con graves crímenes les permite rehacer de manera efectiva su vida en sociedad", dijo el magistrado Ramelli.
La JEP agregó que esta decisión complementa el trabajo de la Sala de Reconocimiento de Verdad, que previamente imputó a 15 máximos responsables por el asesinato de 127 personas en estado de indefensión entre 2002 y 2005 en el subcaso Costa Caribe del caso 003, incluidos los crímenes abordados en esta decisión.
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