Sandra Liliana Torres-Secretaria de Salud de Salud del Tolima
La investigación en contra de Sandra Liliana Torres y otros seis funcionarios tanto de la administración departamental como contratistas del Hospital San Juan Bautista de Chaparral, se dio inicio con el fin de determinar el paradero de cerca de 56 millones de pesos que fueron asignados a un contrato interadministrativo entre la Secretaría de Salud del Tolima y el centro hospitalario de Chaparral en el año 2016.
Según lo dio a conocer la contraloría, dicha investigación por responsabilidad fiscal en contra de la funcionaria, se da por las presuntas irregularidades que se presentaron en la ejecución del contrato 637 del 2016, que se concretó entre la administración departamental y el Hospital San Juan Bautista E.S.E de Chaparral para la promoción de campañas de prevención en contra del dengue, zika y chikungunya en cerca de 10 municipios del departamento.
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El contrato que tiene un monto cercano a los mil millones de pesos en su ejecución, beneficiaba a los municipios de Coyaima, Carmen de Apicala, Líbano, Honda, Mariquita, Purificación, Prado, Saldaña, Rovira, Alvarado y San Antonio.
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Dentro de la revisión de los documentos se evidencio, que el centro hospitalario, subcontrato los servicios establecidos en el contrato con la Secretaría de Salud del Tolima con la empresa Fundasalud, para que adelantara las labores de promoción de las campañas de prevención por un monto de $75.673.944 millones de pesos.
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Cabe resaltar que en medio del proceso de responsabilidad fiscal iniciado desde la Contraloría general de la Nación, además de la secretaria de salud Sandra Liliana Torres, fueron vinculados a la investigación Alexander Patricia Lozano Duarte, en su momento directora de salud pública del departamento, Ángela Maritza López Barreto, gerente del Hospital San Juan Bautista de Chaparral, Luis Eduardo Gonzales en calidad de asesor, quien en varias oportunidades ha quedado como secretario de salud encargado, Jorge Emilio Osorio Tabares, director administrativo de salud pública, José Vicente Rodríguez Arciniegas, subcontratista del Hospital San Juan Bautista de Chaparral y Dirley Saavedra Quiñones, subcontratista del Hospital San Juan Bautista de Chaparral.
Sumado a lo anterior, también en el proceso se involucró como tercero civilmente responsable a la Aseguradora La Previsora S.A. por haber otorgado pólizas al señalado proceso contractual por cerca de 150 millones de pesos de forma aparentemente irregular
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Los recursos que se utilizaron para la financiación de este proceso corresponden al Sistema General de Participación, por lo que en este caso, donde las indagaciones se direccionan hacia la Secretaría de Salud y al Hospital San Juan Bautista, por haber realizado la subcontratación de las campañas de promoción y prevención del dengue con chikungunya y zika con la Fundación Vida y Salud Solidaria, Fundasalud I.P.S, le corresponden a la Contraloría General.
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De manera adicional, en las irregularidades identificadas se cuentan 408 millones 100 mil pesos, de los que no se evidencia movimiento y que corresponden a la ejecución de una actividad de recolección de inservibles que no se desarrolló, 72 millones 200 mil de pesos que se pagaron por transporte del personal encargado de adelantar las labores de prevención, actividades que no se desarrollaron en su totalidad.
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Así mismo se suman a la cuenta de alteraciones 7 millones 171 mil 200 pesos por pago de mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua, en lo que corresponde a la entrega de pastillas de cloro, por un valor cercano a los 20 millones 743 mil 200 pesos, cuando el valor real es de 13 millones 572 mil pesos.
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Dentro del informe de hallazgos se señala que ni el hospital, ni la secretaría realizaron el seguimiento respectivo de Vigilancia al proceso de acompañamiento de este millonaria convenio.
