Luego de conocerse la noticia sobre la captura del Vicerrector de Desarrollo Humano, Carlos Alberto Ramos Parrací, en la capital tolimense y la cual se hiciera efectiva por parte de integrantes del CTI de la Fiscalía con la orden judicial expedida en su contra, la Vicefiscal General se pronunció y entregó importantes detalles.
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Gracias al trabajo mancomunado entre la Fiscalía y la Dirección Nacional de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), ayer y hoy se hicieron efectivas las capturas de cuatro funcionarios públicos y tres particulares por la supuesta contratación irregular para la remodelación arquitectónica y estructural del estadio Guillermo Plazas Alcid en Neiva (Huila), así como por el detrimento patrimonial que ello generó.
Uno de los detenidos fue, Carlos Alberto Ramos, director del Departamento de Deporte y Recreación del municipio de Neiva para el mismo periodo (2012-2015). Al funcionario de la UT, se le investiga por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
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Sobre los hechos, se conoció que en el año 2012 las autoridades municipales tomaron la decisión de suscribir un contrato de obra pública para la remodelación y refuerzo arquitectónico del Estadio, en contra de la recomendación técnica.
Así, el contrato fue suscrito entre la Alcaldía de Neiva y el Instituto de Recreación y Deporte, como administración, y dos consorcios y una unión temporal, como contratistas, por valor de veinticuatro mil cuatrocientos setenta y ocho millones de pesos ($24.478’000.000).
La obra efectivamente se inició sin el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos para garantizar la seguridad, lo que generó el colapso de la estructura en el año 2014, cuando fallecieron 4 obreros y 9 más resultaron heridos. Es decir, 13 víctimas directas.
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A raíz de estos hechos, se habría incurrido en los delitos mencionados; en primer lugar, por haberse violado los principios de planeación, economía, moralidad y responsabilidad en el proceso de contratación y, además, por haberse producido el detrimento del erario en una suma equivalente al valor de los respectivos contratos de obra. También en el delito de homicidio y lesiones personales por los hechos relatados.
La Fiscalía General de la Nación inició las correspondientes investigaciones penales. La primera, por las irregularidades en la contratación y, la segunda, por los homicidios y las lesiones.
Hoy inician las audiencias concentradas ante juez de control de garantías de Neiva, en las que la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento intramuros para todos los implicados.
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