Se busca viejecita

Yo creo que la señora es una “vieja impresentable” de esas que, al parecer, solo nacen en las familias que crecen tocando pandereta mientras leen la novena de la madre María Ignacia Samper. Al parecer en las familias progresista no existen estas viejas esquizofrénicas, tal vez porque en navidad ellos organizan, en lugar de la novena, foros académicos sobre materialismo dialéctico y en la sala de sus casas, los niños se rotan textos de la escuela de Frankfurt y del Círculo de Viena, lo que les permite crecer en familias sanas, pluralistas y diversas que adolecen de este tipo de especímenes que forman parte del folclor nacional. En un profundo acto de contrición, deberíamos entregarle a la Policía el listado de nuestras tías y abuelas detestables, entre otras cosas para que las autoridades ocupen su tiempo laboral en alguna actividad menos ociosa. Estamos hablando de un gobierno que ha propuesto dar subsidios a “jóvenes en riesgo” para que abandonen sus actos delincuenciales, es decir, pagar para que ya no maten, pagar para que ya no violen, pagar para que ya no roben;  un gobierno que  ha levantado las órdenes de captura de varios delincuentes, que no reaccionó ante las picarescas aventuras de los inquietos jóvenes quemadores de los CAI en Bogotá y que ha sido permisivo con las invasiones de predios en todo el país, así que, en algo habrá que ocupar la policía, no faltaba más. 

En este curioso proceso de aprovechar los conflictos como una enorme oportunidad pedagógica para construir la paz, a este gobierno progresista no le faltó sino citar a un consejo de seguridad para analizar el caso de la abuela nigromante y emitir circular roja de la Interpol para que no se fugue del país la anciana impresentable, difícil de encontrar, pese a que dio su nombre, datos, número de cédula, profesión y hasta la talla de su calzado. 

Es cierto que la libertad de expresión debe asumirse con responsabilidad, pero eso que consideramos responsable parece medirse de acuerdo con los fervores ideológicos de turno. El Marco Jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión establece tres casos sobre discursos especialmente protegidos, entre ellos, el referido a funcionarios públicos y candidatos, porque “el  debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión generará inevitablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública” (numeral 41 de la relatoría especial para la libertad de expresión). Se supone que esa libertad de expresión se protege porque el servidor público (una vicepresidente, por ejemplo), tiene más acceso a medios de comunicación, mayor poder de convocatoria y más herramientas de defensa que el ciudadano promedio; si no fuera así, el listado de improperios contra Turbay, Samper, Pastrana, Uribe, Santos, Duque, entre otros, daría para una enorme lista de transgresores buscados por las autoridades con carteles de prófugos criminales, pero este gobierno decidió tener el curioso honor de inaugurar el peligroso precedente. Los áulicos reafirmarán que por fin tenemos un estadista valiente y con pantalones.  

Hay que admitir que la misma relatoría interamericana, en su numeral 58, aclara que no todo discurso está amparado por la libertad de expresión; entre las excepciones figura “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar”. Allí hay una clara colisión de derechos: una parte del discurso de la “díscola y traviesa viejecita” está protegido y la otra no. Sin duda alguna, la dignidad de las personas afrodescendientes fue mancillada, pero no sólo por las declaraciones de la extravagante abuela prófuga, sino por la enorme y sospechosa difusión de dichas declaraciones.
 
La furibunda viejecita no es la única responsable del suceso. ¿Y la responsabilidad de quien conduce la entrevista? ¿Y el papel de los medios de comunicación difundiendo este tipo de declaraciones? ¿Y nuestra responsabilidad en el manejo de redes sociales? Antes que capturar a esta peligrosa ideóloga de la derecha, deberían invitarla a que se disculpe públicamente y admita su error y su arrepentimiento; eso sería más pedagógico que el circo del cartel criminal policivo.

Colombia es un polvorín a punto de estallar. Sería bueno que todos estos defensores de la dignidad humana, que hoy se rasgan las vestiduras, se pregunten qué pasó con la cátedra afrocolombiana que promovió la ley 70 de 1993, hace casi 30 años y que hoy sigue siendo un saludo a la bandera. Esa iniciativa me parece más útil que andar replicando en redes sociales, también con rabia y odio, los cartelitos de “SE BUSCA” de la impresentable y pobre viejecita que “murió de mal de arrugas y encorvada como un tres”.  

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